junio 21 2018
La política de “tolerancia cero” es un atentado contra el derecho a vivir en familia de la niñez y adolescencia que violenta su protección internacional
La criminalización de la migración y la separación de las familias son prácticas incongruentes con los más altos estándares de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
La Red Regional de Abogacía Latinoamericana y del Caribe de Aldeas Infantiles SOS considera inadmisible la política persecutoria de la migración y el asilo implementada recientemente por el gobierno de Estados Unidos conducido por Donald Trump, conocida como de "tolerancia cero". Esta medida solo ha servido para intentar disuadir la migración separando a niños, niñas y adolescentes de sus familias y entornos sociales, restringiendo su acceso a la protección internacional por motivos de violencia doméstica y criminal, en contraposición con los más altos estándares de derechos humanos.
De acuerdo con Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la nueva política de “tolerancia cero” impulsada por el actual gobierno de Estados Unidos en la frontera sur del país ha propiciado que desde mediados de abril al menos 2,000 niñas, niños y adolescentes sean separados de sus familias y arrestados por migrar de manera irregular.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que la migración irregular no es un delito y que los Estados deben tener en cuenta el Interés Superior del Niño, y brindar protección a la familia, unidad fundamental reconocida en las leyes nacionales y el derecho internacional de los derechos humanos en todos los Estados democráticos. Este planteamiento obliga a las autoridades de Estados Unidos a priorizar el respeto a los derechos humanos en sus políticas y prácticas.
La Convención de los Derechos del Niño y las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, señalan: a.) que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a vivir en familia y comunidad, bajo los principios de necesidad e idoneidad; b.) que se proteja su Interés Superior frente a cualquier determinación administrativa o judicial que restrinja o vulnere su derecho a la no separación familiar y a la protección internacional.
En ese mismo sentido, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes establece que la detención de niñas, niños y adolescentes por su estatus migratorio o el de sus padres nunca responde a la protección del Interés Superior del Niño, y que los Estados deben realizar todos los esfuerzos para implementar de manera urgente alternativas a la detención que ayuden a poner fin a esta práctica que vulnera los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias.
Asimismo, las Observaciones Generales Conjuntas sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Contexto de la Migración elaboradas por los Comités de la ONU refuerzan las obligaciones de los Estados de brindar protección internacional a las niñas, niños y adolescentes en los países de origen, tránsito, destino y retorno.
Este marco normativo de protección internacional de niñas, niños, adolescentes y sus familias obliga a las autoridades de Estados Unidos a poner fin de manera inmediata a las prácticas y políticas migratorias que detienen y separan a familias y restringen y violentan los derechos a la movilidad humana, protección internacional y derecho a vivir en familia y comunidad de niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de la condición de refugiado.
Desde la Red Regional de Abogacía Latinoamericana y del Caribe de Aldeas Infantiles SOS, instamos a los Estados de la región a pronunciarse sobre esta situación en el cumplimiento de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y sus familias.
Acerca de la Red Regional de Abogacía LAAMC
La Red Regional de Abogacía LAAMC es un colectivo conformado por coordinaciones y asesores regionales y nacionales de abogacía de Aldeas Infantiles SOS que tienen como objetivo la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias, fortaleciendo y sensibilizando a la sociedad civil en su conjunto, apuntando a la toma de conciencia colectiva y al compromiso de todas y todos por el derecho a la convivencia familiar y comunitaria en Latinoamérica y el Caribe.