La crisis actual por la COVID-19 no solo ha incrementado la pérdida de empleos, el confinamiento excesivo y la ansiedad por motivos de salud y económicos también incrementan el riesgo de violencia familiar, sobre todo la violencia hacia niñas y niños por parte de sus cuidadores.
Según datos estimados por World Vision (2020), la violencia doméstica se ha incrementado de forma alarmante y en muchos países el número de llamadas a las líneas de ayuda se habría duplicado, pero con poca o casi una nula reacción por parte de los organismos de protección ya que por la COVID-19 sus acciones de seguimiento se han visto limitadas a fin de evitar la propagación del virus. Además, con el cierre de las escuelas se imposibilita identificar casos y signos de maltrato.
En el Perú, la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) atendió más de 173 mil llamadas por violencia familiar desde que se inició el Estado de Emergencia, según el Reporte Estadístico de Consultas Telefónicas atendidas a octubre de 2020.
Uno de los aspectos que preocupa es la afectación de los sistemas y servicios de protección dirigidos a las niñas, niños y adolescentes, ya que se encuentran operando con menor capacidad y esto repercute en debilidades en la detección, respuesta y prevención de la violencia. Lo anterior, limita las opciones para la niñez y adolescencia de huir de las situaciones violentas o denunciarlas, debilitándose inclusive su red de apoyo, la cual tiene un impacto importante en su salud, y bienestar físico y emocional, aumentando así los riesgos a ser vulnerados.
Por otro lado, los expertos estiman que debido a la elevada cantidad de muertes por COVID-19, muchas niñas y niños perderán a uno o ambos padres u otros cuidadores. La niñez que ha perdido el cuidado familiar es particularmente vulnerable a diferentes tipos de violencia y explotación, como la explotación sexual, la trata y tráfico de personas, explotación laboral, entre otros.
Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del MIMP han atendido 10,687 casos por violencia psicológica, 7,173 casos por violencia física y 6,407 casos por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes a nivel nacional a octubre de 2020.
Asimismo, otro efecto importante de la pandemia es el aumento de la cantidad de tiempo que las niñas, niños y adolescentes invierten en el uso de la internet, lo que podría aumentar el riesgo de sufrir ciberacoso o algún otro tipo de abuso online.
Según el Informe de Human Rigths Watch “Efecto del COVID-19 en los niños”, la actual crisis acentúa el riesgo de explotación sexual por Internet; se ha identificado mayor actividad en línea de quienes buscan materiales relacionados con abuso infantil. Las niñas y niños pasan más tiempo navegando por internet y es probable que el aislamiento y confinamiento aumente el riesgo a este tipo de violencia virtual.
Actuemos ya para prevenir la violencia
En Aldeas Infantiles SOS somos conscientes de los altos niveles de violencia hacia la niñez y adolescencia en la región de América Latina y el Caribe (LAAM), por ende, a través de la Política de Protección y la Política de la Promesa de Cuidado SOS se ha ratificado nuestro compromiso con la calidad del cuidado y la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes participantes de nuestros Programas, apuntando sobre todo a facilitar espacios de entornos protectores y seguros, y a prevenir y abordar, desde un enfoque de derechos, los riesgos y las situaciones de abuso que se puedan presentar en contra esta población, a través de diversas estrategias y herramientas.
Ante esta situación de emergencia, como organización nos vemos en la necesidad de visibilizar los riesgos de desprotección, y, sobre todo de promover acciones preventivas para disminuir la violencia en las familias y hogares, por lo que los invitamos a hacer uso de las guías disponibles. Estamos seguros les brindarán elementos importantes para acompañar a las niñas, niños y adolescentes para así asegurar entornos más protectores y seguros:
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